RFK Jr. lanza un amplio programa federal para investigar presuntas lesiones por vacunas

El secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha puesto en marcha una iniciativa federal de gran alcance destinada a estudiar y atender a las personas que aseguran haber sufrido daños graves después de vacunarse. El anuncio, difundido por el propio departamento, combina una nueva clínica de investigación en los Institutos Nacionales de Salud (NIH), incentivos económicos para que los médicos notifiquen sospechas de reacciones adversas y planes para modernizar los sistemas federales de registro y compensación.

• Una clínica en el campus de los NIH: el centro, ubicado en Bethesda (Maryland), está dedicado a estudiar y tratar a pacientes con problemas de salud posteriores a la vacunación, aunque en realidad abrió sus puertas el 5 de octubre.
• Pago a los médicos por reportar: el HHS propone crear un código de facturación que reembolse a los facultativos el tiempo dedicado a notificar reacciones graves al sistema federal VAERS.
• Modernización de la vigilancia: el plan contempla actualizar VAERS y añadir nuevos requisitos sobre historiales clínicos electrónicos.
• Detalles pendientes: no se han publicado el presupuesto, los criterios de inclusión de pacientes ni el protocolo científico que seguirá la clínica.

Una clínica, un código de facturación y un sistema en revisión

Kennedy presentó la iniciativa durante una visita no anunciada al campus de los NIH, donde participó en el acto de inauguración de la clínica junto al director de los NIH, Jay Bhattacharya; la directora de los CDC, Erica Schwartz; el administrador de los CMS, Mehmet Oz, y el comisionado interino de la FDA, Kyle Diamantas. El programa incluyó además una mesa redonda con padres que creen que sus hijos resultaron perjudicados por las vacunas.

El otro eje central es el sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS), administrado conjuntamente por los CDC y la FDA. Se trata de una red de alerta temprana deliberadamente sensible: cualquier persona, incluido el público general, puede presentar un informe sin verificación previa. Los CDC advierten que «un informe a VAERS no significa que una vacuna haya causado un evento adverso». La propuesta del HHS busca aumentar el volumen de notificaciones mediante la compensación económica a los médicos.

El departamento también ha defendido la necesidad de revisar el sistema de compensación de daños vacunales, creado por el Congreso en 1986, que ofrece una vía legal sin culpa para quienes alegan lesiones causadas por determinadas vacunas y contempla pagos por gastos médicos, pérdida de ingresos y sufrimiento. La tabla federal de lesiones vacunales presume causalidad en algunos cuadros, mientras que otros exigen aportar pruebas.

Qué dicen investigadores y pacientes

La comunidad científica mantiene una posición matizada. La doctora Helen Chu, exmiembro del comité asesor de vacunas de los CDC, señaló que hay que tomarse estas reacciones más en serio: «Creo que debemos tomarnos estos eventos adversos con mayor seriedad y que tenemos que incorporarlo a cómo financiamos la investigación científica en el futuro». Por su parte, Daniel Salmon, director del Instituto para la Seguridad de las Vacunas de la Universidad Johns Hopkins, afirmó que «más investigación sobre la seguridad de las vacunas sería muy útil», aunque subrayó que «tiene que ser ciencia rigurosa».

Entre los pacientes presentes estuvo Brianne Dressen, exmaestra de preescolar en Utah que participó en un ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y que afirma haber desarrollado neuropatía post-vacunal. Dressen, fundadora de la organización React19, aseguró que «es la primera vez que existe algo remotamente oficial». Otra voz citada fue la de Danice Hertz, médica jubilada convertida en defensora de pacientes: «En mi opinión, esto debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Hay mucha gente muy enferma ahí fuera». En paralelo, el país afronta su mayor brote de sarampión en años, con cinco muertes registradas en Pensilvania.

Un equilibrio difícil entre investigación y confianza pública

Kennedy, que dirigió antes el grupo antivacunas Children’s Health Defense, ha cuestionado durante años la seguridad de ingredientes como las sales de aluminio y ha defendido investigar posibles vínculos con el autismo y enfermedades crónicas, aunque numerosos estudios no han encontrado relación causal entre vacunas y autismo. Su enfoque ha generado tensión: en mayo, organizaciones médicas y de enfermedades infecciosas advirtieron de que ampliar en cientos de condiciones la tabla de lesiones vacunales sin evidencia suficiente podría colapsar el sistema de compensación. En julio de 2025 ya había reunido un equipo para estudiar cambios profundos en ese programa, y en septiembre incluyó las «lesiones por vacunas» entre las áreas prioritarias de su estrategia sanitaria.

El valor real de la clínica dependerá de datos que todavía no se han hecho públicos: si habrá grupos de comparación, cómo se confirmarán los diagnósticos, cuántos pacientes se prevé reclutar y si los resultados pasarán por revisión independiente. La investigación observacional puede describir síntomas y patrones, pero por sí sola rara vez demuestra que una vacuna causó un cuadro determinado. La evolución de este programa, y la transparencia con que se publique su protocolo, determinarán si refuerza o erosiona la confianza en uno de los pilares sanitarios más vigilados del país.