Un jurado federal de Texas ha fallado a favor de Alek Schott, un conductor de Houston que demandó al condado de Bexar y a su sheriff por lo que sus abogados describieron como un «esquema inconstitucional de controles de tráfico» habilitado por lectores automáticos de matrículas (ALPR) presentados como tecnología «impulsada por IA». La cuantía de la victoria judicial es tan elocuente como el propio caso: 76 dólares, exactamente un dólar por cada minuto que Schott permaneció detenido.
- Veredicto favorable al conductor: Un jurado federal de Texas dio la razón al demandante frente al condado de Bexar y su sheriff, tras una parada de tráfico originada por una lectura errónea de una cámara de matrículas.
- Compensación simbólica: Los 76 dólares equivalen a un dólar por minuto de detención, una cifra que el propio Schott reclamó de forma deliberada como gesto de protesta.
- Debate nacional abierto: El fallo llega mientras otras jurisdicciones, como el condado de Waukesha (Wisconsin) y Nuevo Braunfels (Texas), litigan o revisan los límites de estas cámaras de vigilancia vial.
Un dólar por minuto y una queja que nadie atendió
Según el relato del demandante, la parada policial se produjo a partir de una alerta generada por un lector automático de matrículas, y derivó en registros en busca de drogas que no arrojaron resultados. Schott, que pidió expresamente esa cantidad como compensación simbólica, sostiene que el problema no terminó con la detención: cuando intentó denunciar lo ocurrido por los cauces oficiales, la propia institución le cerró la puerta.
«Después de la parada, presenté una queja ante la Oficina del Sheriff porque sabía que lo que me había ocurrido estaba mal. El departamento la revisó, me dijo que no veía ninguna infracción y que si tenía un problema con ello, los demandara. Así que lo hice.»
Los abogados del demandante enmarcaron el episodio dentro de un patrón más amplio de controles vehiculares sustentados en datos generados por algoritmos, una práctica que, a su juicio, invierte la carga de la prueba y convierte una alerta automatizada en motivo suficiente para intervenir a un conductor. El veredicto del jurado, aunque acompañado de una indemnización mínima, supone un reconocimiento jurídico de que la actuación policial fue improcedente.
Wisconsin y Nuevo Braunfels: el mismo debate, distintos frentes
La controversia no es exclusiva de Texas. En Wisconsin, un grupo de ciudadanos llamado «No Cams Muskego» demandó a casi una docena de ciudades y pueblos del condado de Waukesha por someter al público a una «vigilancia constante» mediante cámaras de la compañía Flock Safety, uno de los proveedores de lectura automática de matrículas más conocidos del país. El caso acaba de trasladarse a un tribunal federal después de que los gobiernos locales presentaran su defensa, y la parte demandante sostiene que el acceso policial a esos datos debería exigir una orden judicial.
Los abogados de las policías locales rechazan ese argumento y defienden que las cámaras solo registran movimientos en espacios públicos, donde no existe expectativa de privacidad.
«Esto no es algo en lo que se siga a una persona hasta el supermercado, su iglesia o su casa. Todo esto es que si conduzco mi vehículo por una vía pública y mi matrícula, que el gobierno me dio, está a la vista, se puede tomar una foto de ella. Lo siento, eso no invoca la Cuarta Enmienda.»
La cita corresponde a Sam Hall, abogado que representa a los municipios del condado de Waukesha. La defensa ha pedido además que el procedimiento quede en suspenso hasta que se resuelva un caso similar pendiente ante el Séptimo Circuito de Apelaciones en Illinois, cuyo desenlace podría condicionar el futuro de esta tecnología en Wisconsin. El contexto añade presión: cientos de agentes en todo el país han sido sorprendidos usando indebidamente los datos recopilados por estas cámaras, y dos policías de Milwaukee enfrentan cargos penales por ello.
En Texas, el debate tiene otro escenario: Nuevo Braunfels dispone hasta mediados de noviembre para decidir el destino de casi 50 cámaras de lectura automática de matrículas. Su jefe de policía, Osbaldo Flores, advirtió al concejo municipal que el fondo general no puede costear el sistema sin una subvención estatal que cubre alrededor del 80 % de la factura, y pidió a los legisladores que impongan «barreras estrictas» al uso policial de la herramienta.
Lo que realmente se dirime
El fallo texano no va a cambiar por sí solo la economía de la vigilancia vial, pero sí introduce una pieza incómoda para los departamentos que han convertido las alertas algorítmicas en una rutina operativa: la constatación judicial de que una lectura automatizada puede derivar en una detención ilegítima y en registros sin fundamento. Con legislaturas locales discutiendo contratos, tribunales federales acumulando expedientes y un precedente de apelación a la vista, el pulso entre eficacia policial y garantías constitucionales entrará en una fase decisiva. La pregunta que sobrevuela el sector ya no es si estas cámaras funcionan, sino quién responde cuando se equivocan y qué remedio obtiene el ciudadano señalado por error.