La ambición de Donald Trump de reconstruir la industria estadounidense hasta el último componente choca con una realidad industrial y aritmética difícil de esquivar. La Consumer Technology Association (CTA), la mayor asociación empresarial del sector tecnológico en Estados Unidos, lleva tiempo advirtiendo de que el objetivo de fabricar íntegramente en el país los productos más demandados del mundo no se sostiene, y ahora ha empezado a calcular cuánto costaría intentarlo, tanto a las empresas como a los consumidores.
- Objetivo presidencial: Trump quiere reindustrializar Estados Unidos y repatriar las cadenas de suministro para que las tecnologías clave se produzcan al 100 % en el país.
- Misión Génesis: la orden ejecutiva firmada en diciembre busca aprovechar el liderazgo en inteligencia artificial para asegurar ventaja en robótica avanzada, biotecnología, semiconductores y tecnología nuclear.
- Primera estimación de costes: la CTA, después de años calificando el plan de inviable, ha comenzado a cifrar su impacto económico sobre empresas y hogares.
- Efecto en el bolsillo: el 75 % de los estadounidenses está preocupado por poder pagar la comida y la compra diaria, y de ellos el 83 % cree que los aranceles encarecen esos productos.
La Misión Génesis y el sueño de la autosuficiencia total
El plan se formalizó el pasado diciembre mediante una orden ejecutiva que puso en marcha la «Misión Génesis», una iniciativa con la que la Casa Blanca pretende aprovechar el dominio estadounidense en inteligencia artificial para conservar o conquistar ventaja en robótica avanzada, biotecnología, semiconductores y tecnologías nucleares. La premisa de fondo es que ese liderazgo solo resulta sostenible si se apoya en cadenas de suministro autosuficientes.
En la versión ideal del presidente, ni siquiera los países vecinos ni los aliados de toda la vida deberían fabricar un único componente de un producto estadounidense. Se trata, en la práctica, de una doctrina de autarquía tecnológica que exigiría reconstruir desde cero segmentos industriales enteros cuya producción se reparte hoy entre varias regiones del planeta, con costes de capital, mano de obra especializada y plazos que la industria considera difíciles de asumir.
La factura de fabricar todo en casa
La CTA ha sostenido durante años que ese objetivo no está anclado en la realidad industrial, pero hasta hace poco no había intentado traducirlo a cifras. Su estimación llega en un momento en el que el coste de la política comercial ya forma parte del debate público y del calendario electoral estadounidense.
Las advertencias no son aisladas. Dos docenas de asociaciones industriales —entre ellas la Cámara de Comercio, la propia CTA y la National Retail Association— enviaron una carta a los líderes republicano y demócrata del Senado para alertar del impacto económico de los aranceles asociados a esta estrategia:
El potencial de nuevos aranceles generales del 100 % sobre importaciones procedentes de países secundarios amenaza con elevar los costes para los estadounidenses.
Quién acaba pagando la cuenta
El origen de esa factura sigue siendo motivo de disputa entre la ciudadanía. El 41 % de los estadounidenses considera que los aranceles son un impuesto que pagan ellos mismos, mientras que el 40 % cree que se trata de una tasa que abonan los países extranjeros. La evidencia práctica apunta al primer grupo: cuando la Justicia anuló los aranceles de emergencia, quienes reclamaron las devoluciones fueron principalmente minoristas estadounidenses como Walmart, Target, Costco y Nike, y no gobiernos extranjeros.
El senador Rand Paul lo resume sin rodeos: «Los aranceles son impuestos a las importaciones que pagan los estadounidenses». Su argumento es que el sobrecoste termina trasladándose al consumidor final, algo que los sondeos parecen respaldar. Un 75 % de los encuestados se declara preocupado por su capacidad para pagar alimentos y compra básica, y dentro de ese grupo el 83 % señala los aranceles como causa directa del encarecimiento.
La percepción sobre qué bienes merecen protección también es matizada. El 42 % define un producto como crítico para la seguridad nacional si tiene aplicación militar o si ayuda al país a competir en industrias emergentes y de alta tecnología. Sin embargo, el 43 % opina que los aranceles vigentes sobre China, situados en torno al 23,2 %, son demasiado elevados, y el 41 % sostiene que el presidente no debería poder imponer aranceles sin la aprobación del Congreso.
El pulso entre el discurso del 100 % nacional y la estructura real de la cadena de valor tecnológica no se resolverá con una orden ejecutiva. Repatriar semiconductores, robótica avanzada o biotecnología implica años de inversión en plantas, formación de talento y proveedores intermedios que hoy no existen a escala doméstica. La aportación más útil de la CTA no es tanto demostrar que el objetivo es inalcanzable, sino poner precio a cada tramo del camino: cuanto más se acelere la exigencia de contenido nacional, más probable es que el sobrecoste acabe apareciendo en la etiqueta de los productos que los ciudadanos compran a diario. Con las elecciones de medio mandato en el horizonte, esa conexión entre aranceles, precios y tecnología será uno de los ejes que definan el debate político de los próximos meses.