La policía judicial de Guinea-Bisáu irrumpió este lunes en las oficinas del Bandim Health Project, el centro danés que promueve un controvertido ensayo con recién nacidos, y decomisó dosis de la vacuna contra la hepatitis B destinadas a ese estudio. El operativo añade un nuevo episodio a una disputa que salpica al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a dos investigadores que han sido celebrados y cuestionados casi a partes iguales.
- Operativo y decomiso: la policía judicial se incautó de un lote de vacunas contra la hepatitis B en la sede del Bandim Health Project, en un procedimiento que, según las autoridades, no implica dudas sobre la calidad, seguridad o eficacia de los fármacos.
- Financiación estadounidense: el CDC concedió una subvención no solicitada de 1,6 millones de dólares al equipo danés, cantidad que dos fundaciones privadas igualaron hasta alcanzar los 3,2 millones.
- Diseño cuestionado: el estudio dejaría sin la vacuna a 7.000 recién nacidos durante sus primeras seis semanas de vida en un país donde cerca de uno de cada cinco adultos porta el virus.
- Posturas enfrentadas: la OMS califica el ensayo de «poco ético», mientras el ministro de Salud bisauguineano niega que el estudio vaya a seguir adelante.
Un ensayo que la OMS considera «poco ético»
El protocolo ha sido reformulado durante el verano, pero mantiene el punto más criticado: retrasar la inmunización de miles de neonatos en un territorio donde el virus de la hepatitis B es endémico. La infección crónica puede derivar en cirrosis, cáncer de hígado y muerte prematura; de hecho, el patógeno acaba con la vida de entre el 15 % y el 25 % de quienes la padecen de forma persistente. La vacunación en las primeras 24 horas de vida es segura y muy eficaz, según la evidencia recogida por la agencia sanitaria de la ONU.
«Cualquier estudio que niegue la vacuna a los participantes es poco ético y expone a los recién nacidos a un daño grave y potencialmente irreversible», afirmó Tarik Jašarević, portavoz de la OMS, quien describió la inmunización al nacer como «una intervención esencial de salud pública».
La propia OMS, a través de su oficina en el país, ha estado asesorando al ministerio de Salud bisauguineano sobre la introducción de la vacuna y el posible impacto del ensayo. Los planes se paralizaron en enero en medio de una condena internacional, aunque la polémica reapareció este mes tras conocerse que el CDC habría reservado otros 1,6 millones de dólares a finales de septiembre para retomar el proyecto.
Aprobaciones éticas, un ministro que lo niega y un país «frágil»
El Bandim Health Project publicó recientemente una carta de aprobación del comité nacional de ética de Guinea-Bisáu, dependiente del ministerio de Salud Pública, fechada el 14 de julio y firmada por su presidente, Mouhammed Djicó Ould Ahmed. Un comité danés de ética en investigación, que tuvo que modificar sus normas para evaluar un ensayo clínico, también dio luz verde al estudio este mes. El panorama, sin embargo, dista de ser concluyente.
«Esto no es ni remotamente cierto», declaró al respecto Quinhin Nantote, ministro de Salud del gobierno de transición de Guinea-Bisáu, al desmentir que el ensayo vaya a continuar.
El país, escenario de un golpe militar hace menos de un año, carece de la estabilidad que exigen los ensayos clínicos, según Colette Delawalla, investigadora estadounidense y fundadora de la organización Stand Up for Science (SUFS). «Nuestro investigador encontró una desconfianza significativa de la ciudadanía bisauguineana hacia Bandim; sin embargo, por la falta de infraestructura de salud pública, Bandim suele ser la única opción cuando la gente busca atención médica con desesperación», sostuvo. Delawalla resumió la situación como la de un país que intenta «proteger a su juventud y su futuro de la explotación por parte de dos potencias occidentales» usando los recursos de los que dispone.
El respaldo de Kennedy y el historial de los investigadores
Al frente del proyecto están el matrimonio formado por Peter Aaby, antropólogo que fundó el Bandim Health Project en 1978, y Christine Stabell Benn, epidemióloga que codirige hoy la institución. Ambos sostienen que las vacunas provocan daños que la comunidad científica pasa por alto y se encuentran bajo investigación de las autoridades danesas por presunta mala conducta científica. El responsable del ensayo es Frederik Schaltz-Buchholzer; ninguno de los tres respondió a las preguntas sobre el estudio y el registro policial.
Kennedy los ha elogiado en repetidas ocasiones y llegó a llamarlos «las deidades de la investigación de vacunas» durante una conferencia contraria a la inmunización. También ha citado un estudio suyo sobre la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina que los propios autores repitieron después con resultados completamente distintos. En 2023 calificó a Aaby de investigador «muy famoso» en un pódcast y esgrimió sus trabajos al suspender la financiación estadounidense a Gavi, la Alianza para las Vacunas. Stabell Benn integró el grupo de trabajo sobre hepatitis B del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP), que votó poner fin a la recomendación universal al nacer antes de que un juez federal bloqueara esas decisiones.
El informe de SUFS apunta además que el Bandim está profundamente arraigado en Guinea-Bisáu pero ha contribuido poco a mejorar las capacidades sanitarias y de investigación del país en cinco décadas. La organización recauda ahora fondos para extender la vacunación al nacer a todos los recién nacidos.
El asalto policial escenifica la colisión entre la agenda sanitaria de Washington y la soberanía de un Estado frágil que, mediante un decomiso cargado de simbolismo, intenta marcar límites. La pregunta de fondo ya no es solo si el protocolo es éticamente defendible, sino quién tiene legitimidad para decidirlo: los comités que lo aprobaron, la agencia sanitaria internacional que lo rechaza o un gobierno de transición que niega públicamente lo que sus propias firmas sugieren. Con la financiación estadounidense en el aire y la investigación danesa abierta, el futuro del estudio depende menos de la ciencia que del pulso político que lo rodea.
Fuentes y referencias