Detenido sin fianza el exingeniero de OpenAI acusado de espiar para Arabia Saudí

Un juez federal de San Francisco ordenó este lunes mantener detenido sin fianza a Abdulrahman Alfozan, el exingeniero de OpenAI de 35 años acusado de instalar dispositivos de escucha en salas de conferencias ejecutivas de la compañía. El caso, que cruza espionaje corporativo, un miembro anónimo de la realeza saudí y una investigación del FBI, se ha convertido en una de las crisis de seguridad interna más delicadas para un laboratorio de inteligencia artificial de frontera.

• Detención sin fianza: el juez Alex Tse consideró «significativo» el riesgo de fuga y «problemático» que el consulado saudí en Los Ángeles ofreciera pagar la fianza completa.
• Carpeta «Saudi Gov Docs»: el FBI la localizó en su iPhone, abierta el 4 de octubre, junto a conversaciones de WhatsApp con un miembro de la realeza saudí que lo reclutaba.
• Dos grabadores: uno oculto detrás de un televisor en una sala ejecutiva y otro hallado en una bolsa que dejó en una sala de impresoras.

WhatsApp con la realeza y una carpeta bajo sospecha

En un escrito de detención presentado el domingo, la fiscalía —con el fiscal federal Craig Missakian al frente— sostuvo que Alfozan mantenía contacto frecuente por WhatsApp con un integrante no identificado de la familia real saudí que, a lo largo de 2025 y 2026, intentó reclutarlo para una iniciativa de inteligencia artificial en el reino. El último intercambio registrado fue el 5 de octubre, cuatro días antes del arresto.

«¡Arabia Saudí te necesita más que EE.UU.!», escribió esa persona en mayo, según el expediente. Alfozan respondió «100», lo que los fiscales leen como una aceptación.

Según la fiscalía, el ingeniero dijo que no dejaría OpenAI hasta consolidar sus acciones. Sus cifras declaradas: un salario base de 325.000 dólares elevado luego a 385.000, más un paquete de equity de 2,2 millones. En julio solicitó plaza en el programa 2030 Leaders de la Fundación Misk, reservado a saudíes menores de 45 años y con participación presencial en Riad, y pasó a la segunda fase.

El 4 de octubre abrió en su teléfono una carpeta titulada «Saudi Gov Docs» y usó una herramienta interna de productividad de OpenAI para consultar contactos con el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología saudí, incluidas visitas previstas al reino y una reunión etiquetada como «HUMAIN x MCIT @OpenAI».

Del televisor a la sala de impresoras

El dispositivo principal habría sido colocado el 28 de septiembre detrás de un televisor de una sala de conferencias ejecutiva de la sede en San Francisco, conectado a un puerto USB y envuelto en papel higiénico. El personal de seguridad lo descubrió el 30 de septiembre. En ese espacio se celebraban reuniones de liderazgo, debates técnicos y de producto y encuentros con funcionarios y socios comerciales, con conversaciones sobre investigación propietaria y decisiones estratégicas.

Los agentes localizaron un segundo grabador similar en una bolsa que Alfozan dejó en una sala de impresoras, además de componentes electrónicos y fotografías fechadas entre el 22 y el 28 de septiembre que parecerían mostrar otro equipo oculto en una segunda sala. Sus búsquedas internas apuntaban a cómo construir grabadores cifrados con escucha en vivo y qué puntos de la oficina permitían captar conversaciones sensibles.

La fiscalía advirtió que los hechos «podrían suponer un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos», ya que en esas mismas fechas hubo reuniones entre ejecutivos de OpenAI y funcionarios gubernamentales en la sala afectada. Por ahora solo se le imputa interceptar comunicaciones orales, delito castigado con hasta cinco años de prisión; no hay cargos por espionaje, agencia extranjera ni robo de secretos, y la empresa afirma que no hay indicios de acceso indebido a pesos de modelos, código fuente o datos de clientes.

Un «cheque en blanco» saudí y 54 cartas de apoyo

El eje de la vista del lunes fue la fianza. El consulado saudí en Los Ángeles se ofreció a pagar lo que fijara el tribunal, algo que Tse calificó de «problemático».

«Parece un cheque en blanco: vamos a pagar lo que el tribunal pida para asegurarnos de que salga», dijo el juez. «¿Qué confianza tengo de que van a proteger los intereses del Gobierno? No tiene que irse hasta Arabia Saudí; le basta con Canadá o México».

La investigación reveló que la esposa de Alfozan, Lujain Alassaf, y su hijo de tres meses salieron del país 36 horas después del arresto en clase business pagada por un miembro del ejército saudí, rumbo a Doha. La defensa, ejercida por William Pernik y Nas Yasin, replica que compró los pasajes a Riad el 13 de septiembre con su propio nombre y número de viajero frecuente, 17 días antes del hallazgo, y que su vuelta estaba prevista para la entrevista de naturalización del 6 de noviembre. Proponen arresto domiciliario en Millbrae con GPS, entrega de pasaportes y el aval de 54 cartas de apoyo. Alfozan figura además como socio de la firma saudí Raed Ventures, a la que en 2025 se incorporó el príncipe Khalid bin Bader Al Saud; los fiscales no identificaron al royal de los chats ni lo vincularon a esa entidad.

Más allá del futuro procesal del acusado, el expediente deja una fotografía incómoda para la industria: las salas donde se discuten los planes de un laboratorio de frontera son también espacios de paso para socios gubernamentales, y la alerta llegó del propio personal de seguridad, no de un sistema automatizado. Con la investigación del FBI abierta y la posibilidad de cargos más graves sobre la mesa, el caso marcará el estándar sobre cómo los laboratorios de IA blindan sus conversaciones y hasta dónde llega la lealtad de sus empleados cuando media un Estado dispuesto a pagar cualquier fianza.