Las grandes corporaciones dedican de media el 28% de su presupuesto de software a actualizaciones, migraciones y modificaciones de licencia que no han solicitado y que, en buena parte de los casos, sus responsables tecnológicos consideran directamente perjudiciales. La cifra procede de una encuesta realizada a 2.018 directores de sistemas de información (CIO) y altos cargos con poder de decisión tecnológica en compañías con una plantilla mínima de 10.000 empleados.
El trabajo, bautizado como «The Software Tax», dibuja un escenario incómodo: el gasto tecnológico deja de responder a las necesidades reales del negocio para convertirse en una especie de peaje que los fabricantes imponen con cada nueva versión.
- El dato central: el 28% del presupuesto de software se consume en actualizaciones, migraciones y cambios de licencia no deseados.
- La muestra: 2.018 CIO y directivos de TI de empresas con más de 10.000 empleados; 1.011 en Estados Unidos y el resto en Reino Unido, todas con facturación anual superior a 1.000 millones de dólares.
- Quién lo firma: el informe lo encarga Origina, proveedor de mantenimiento independiente de software, y lo ejecuta la consultora de investigación Censuswide, un detalle clave para leer sus conclusiones con cautela.
Un peaje silencioso sobre el gasto tecnológico
Los participantes se reparten entre Estados Unidos (1.011 encuestados) y Reino Unido (el resto), siempre dentro del segmento de gran empresa: ninguna de las compañías representadas baja de los 1.000 millones de dólares de ingresos anuales. El trabajo de campo lo llevó a cabo Censuswide, mientras que el encargo corrió a cargo de Origina, firma que presta servicios de mantenimiento independiente para distintas familias de software empresarial.
Ese último detalle condiciona la lectura. El informe señala precisamente el mantenimiento independiente como la vía para que los responsables de sistemas recuperen el control de sus presupuestos, de modo que la encuesta no describe un fenómeno neutro: respalda el argumentario comercial de un proveedor. La magnitud de la muestra ayuda a dar peso al 28%, pero la conclusión final no puede separarse de quién paga el estudio.
El precedente de SAP: la migración que no se puede aplazar
El caso de SAP ilustra cómo una decisión de ciclo de vida del fabricante acaba convirtiéndose en una factura ajena a la voluntad del cliente. El fin del soporte convencional de SAP ECC está fijado para el 31 de diciembre de 2027. A partir de esa fecha dejan de llegar parches de seguridad, actualizaciones de cumplimiento y correcciones, salvo que la empresa contrate un mantenimiento extendido que cuesta entre dos y tres veces más y que únicamente compra tiempo hasta 2030.
El problema es de calendario: un proyecto medio de migración de ECC a S/4HANA, el sucesor presentado en 2015 y diseñado para funcionar solo sobre la base de datos en memoria HANA, ronda el año y medio de trabajo, y la bolsa de consultores especializados se estrecha a medida que se aproxima la fecha límite. Según el informe de inversiones DSAG 2026, solo el 37% de las compañías que siguen en ECC espera estar operativa en S/4HANA a finales de 2027, mientras que cerca de la mitad planea terminar hacia 2030 y asumir el sobrecoste mientras tanto.
Para una planta con certificación ISO, mantener el sistema central sin parches no es una opción cómoda: es un riesgo de cumplimiento y de seguridad. Y una migración improvisada suele traducirse en escasez de recursos, costes más altos y paradas en la línea de producción.
Presupuestos que se desvían por diseño
La desviación no es exclusiva de las licencias ni de los grandes fabricantes de ERP. Un análisis de McKinsey y el BT Centre for Major Programme Management de la Universidad de Oxford sobre más de 5.400 grandes proyectos de TI concluyó que se ejecutaron con un 45% de sobrecoste y un 7% de retraso respecto a lo previsto, entregando además un 56% menos de valor del estimado inicialmente.
El estudio CHAOS 2020 del Standish Group sitúa en solo el 31% los proyectos plenamente exitosos, frente a un 50% de proyectos «desafiados» y un 19% fallidos. En paralelo, PMI encontró que el 37% de las organizaciones señalaba requisitos imprecisos como la causa principal del fracaso de sus iniciativas, un problema que nace antes de escribir la primera línea de código. La brecha entre lo que una lista de funcionalidades describe y lo que el sistema realmente necesita hacer es donde se gestan la mayoría de los sobrecostes.
Con ese telón de fondo, el 28% que revela la encuesta deja de ser una anomalía y encaja en un patrón más amplio: la gran empresa compra software con poca visibilidad sobre el ciclo de vida completo del producto y con escasa capacidad de negociación frente a los calendarios del proveedor.
La cifra, matizada por el interés comercial de quien la financia, apunta a un cambio de fondo en la relación entre cliente y fabricante. A medida que los modelos de suscripción y los ciclos de actualización forzosa se consolidan, la palanca real ya no estará en el precio de la licencia inicial, sino en la negociación contractual: qué actualizaciones aportan valor operativo verificable y cuáles solo sostienen la hoja de ruta del proveedor. Las organizaciones que auditen ese gasto con la misma disciplina que aplican a la nube o al hardware convertirán el «impuesto» del software en una partida bajo control; las que no lo hagan seguirán financiando funcionalidades que nunca pidieron.