La FTC acusa a Martin Shkreli de violar su veto farmacéutico en directo

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y los fiscales generales de siete estados han pedido a un juez federal que declare en desacato a Martin Shkreli por haber violado «de forma flagrante y reiterada» la prohibición de por vida que le impide participar en la industria farmacéutica. Según la denuncia presentada este martes ante el Tribunal de Distrito de Manhattan, el exejecutivo conocido como «Pharma Bro» ha operado con acciones de al menos 60 compañías del sector y ha difundido públicamente su opinión sobre esas empresas mediante retransmisiones en directo y publicaciones en YouTube, X y Reddit.

• Denuncia por desacato: la FTC y los fiscales de Nueva York, California, Illinois, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia —los mismos estados que demandaron a Shkreli en 2020— piden que sea declarado en desacato civil.
• Operativa bajo vigilancia: el expediente sostiene que Shkreli negoció con al menos 60 valores farmacéuticos desde su salida de prisión en mayo de 2022, incluidos Pfizer y Moderna.
• Posibles sanciones: las autoridades reclaman la devolución de todos los beneficios obtenidos con esas operaciones, la venta forzosa de sus participaciones y «consecuencias crecientes y claras», incluida la cárcel, ante futuros incumplimientos.
• El origen del veto: la prohibición vitalicia deriva de la trama monopolística con el fármaco Daraprim, cuyo precio pasó de 17,50 a 750 dólares por comprimido.

De Daraprim a las retransmisiones de ‘trading’

El caso se remonta a enero de 2022, cuando un tribunal federal concluyó que Shkreli había violado las leyes antimonopolio al adquirir Daraprim —único fármaco aprobado por la FDA para tratar la toxoplasmosis—, disparar su precio y estrangular la competencia de los genéricos. La sentencia lo inhabilitó de por vida para cualquier actividad en la industria farmacéutica y le impuso el pago de 64,6 millones de dólares. El Segundo Circuito de Apelaciones ratificó la orden en enero de 2024 y el Tribunal Supremo rechazó su apelación en octubre de ese año. La condena penal por fraude de valores, dictada en 2018 y castigada con siete años de prisión, es un proceso independiente; Shkreli quedó en libertad en mayo de 2022.

Según la FTC, apenas salió de prisión retomó la actividad prohibida. En julio de 2022 empezó a emitir en directo varias veces por semana en YouTube como parte de un «desafío de trading» con otro creador de contenido, con un depósito inicial de 50.000 dólares. En 2024 lanzó la serie «Evaluating Stocks», en la que analizaba compañías y defendía abiertamente apostar contra Cassava Sciences, una farmacéutica que desarrollaba un tratamiento para el alzhéimer. El 21 de noviembre de 2024 escribió en X: «No creo que no funcione. Es imposible que funcione». Cuatro días después, Cassava anunció que su estudio clínico había fracasado. Según el expediente, su cuenta en Interactive Brokers pasó de 138.200 a 841.000 dólares.

En diciembre de 2025 llegó el revés: Capricor, otra compañía contra la que había apostado, anunció resultados positivos en un ensayo y su acción se disparó. Shkreli admitió que la cuenta que usaba estaba «acabada». En junio de 2026 reanudó las emisiones con un nuevo bróker que partía de un saldo de 10 millones de dólares y, según el gobierno, con operaciones en once valores farmacéuticos.

«Una prohibición de por vida para la industria solo es eficaz si los incumplimientos se enfrentan a consecuencias proporcionales a la gravedad de la orden», afirmó el comisionado de la FTC Mark Meador.

Lo que reclaman las autoridades

La solicitud de desacato exige una contabilidad completa de sus operaciones bursátiles en el sector, la venta de cualquier participación en compañías farmacéuticas y una multa equivalente a los beneficios obtenidos, con intereses, sin posibilidad de compensar pérdidas. También pide «consecuencias crecientes y claras» —más multas y un eventual encarcelamiento— si vuelve a incumplir. Además, el documento reclama que la hermana de Shkreli, Leonora Izerne, y su pareja, Chelsea Voss, conserven todas las pruebas relacionadas con posibles violaciones, al considerar que ambas «parecen haber ayudado o estar ayudando» al ejecutivo.

El director de la Oficina de Competencia de la FTC, Daniel Guarnera, subrayó que la orden judicial nació de un juicio pleno en el que se determinó que la conducta de Shkreli «elevó los costes de los medicamentos con receta para los pacientes estadounidenses y bloqueó la entrada de genéricos más baratos». «Cuando un tribunal dicta una sentencia, ya sea un acuerdo o una orden tras un juicio, los demandados deben cumplir sus obligaciones», declaró. «La acción de hoy debería servir de aviso de que la FTC no dudará en hacer cumplir las violaciones de órdenes judiciales».

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue igual de contundente: «Una prohibición de por vida ordenada por un tribunal no es una sugerencia. Martin Shkreli ha estado retransmitiendo en directo sus operaciones con empresas farmacéuticas para que todo el mundo lo vea, en violación de la ley». James añadió que sus tácticas de manipulación de mercado y monopolio «ponen en riesgo a los inversores y al público».

El expediente recoge además declaraciones del propio Shkreli en sus emisiones, como «estoy mostrándoles cómo operar e invertir en biotecnología» o «no importa qué operaciones haga, porque siempre puedo encontrar un par de acciones biotecnológicas que fumarme». Los reguladores también citan su advertencia de que tiene otras cuentas que no muestra porque «sé que los federales están mirando». Para el gobierno, lo descubierto hasta ahora es solo «la punta del iceberg».

Más allá del personaje, el caso plantea una cuestión de calado regulatorio: cómo se hace cumplir una inhabilitación sectorial en una era en la que cualquiera puede operar en bolsa y comentarlo en directo ante miles de seguidores. Si el tribunal acepta los argumentos de la FTC y los siete estados, sentará un precedente sobre el alcance real de las órdenes judiciales frente a quienes las convierten en contenido. La próxima decisión del juez determinará si la condena vitalicia que persigue a Shkreli desde 2022 tiene dientes o si, como él mismo presume en sus emisiones, la vigilancia federal se queda en el intento.