Los anuncios de Trump pagados con impuestos siguen en TV pese al veto judicial

El Gobierno federal de Estados Unidos siguió emitiendo anuncios televisivos financiados con dinero de los contribuyentes para promocionar al presidente Donald Trump incluso después de que una jueza federal ordenara detenerlos. La campaña, valorada en 20 millones de dólares, permaneció en antena la noche del domingo y también durante la jornada del lunes, según los escritos que los demandantes presentaron ante el tribunal.

• Orden incumplida: la jueza Jennifer Rochon emitió una orden de restricción temporal que exigía cancelar los espacios contratados, incluidos los previstos para la noche del domingo 11 de octubre.
• Casi 400 emisiones: los anuncios aparecieron en cerca de 400 espacios de televisión en programas que arrancaron a las 19:00, hora del Este, con la orden ya en vigor.
• Disculpa del Departamento de Justicia: el DOJ atribuyó el incumplimiento a un retraso interno en el reenvío de un correo electrónico y aseguró que ahora cumple con lo ordenado.
• Fondos congelados: la orden de compra de 20 millones vinculada a Aduanas y Protección Fronteriza quedó suspendida y los pagos futuros, bloqueados.

Una orden que llegó tarde a la parrilla televisiva

La jueza Jennifer Rochon, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, concedió una orden de restricción temporal el domingo 11 de octubre que entró en vigor a las 18:45 de ese día. El texto obligaba al Gobierno a cancelar los anuncios, «incluidos aquellos espacios contratados para la noche del 11 de octubre de 2026», y prohibía por dos semanas firmar, renovar o ampliar cualquier acuerdo para producir, colocar o emitir las piezas cuestionadas.

Pese a ello, la publicidad continuó. Según los datos de AdImpact citados en una nueva presentación judicial, los spots del Gobierno se emitieron en casi 400 espacios televisivos en programas que comenzaron a las 19:00, hora del Este, es decir, con la orden ya vigente. Uno de los anuncios apareció en 193 espacios durante el programa «60 Minutes» de CBS, mientras que otro lo hizo en 198 espacios durante «America’s Funniest Home Videos» de ABC. El lunes, hacia las 14:45, el anuncio titulado «Maduro» se había emitido 20 veces más, «Final Battle», 11 veces, y «The Country He Loves», una vez.

Entre las piezas de la campaña había una en la que Trump arremetía contra sus enemigos políticos y prometía «liberar a Estados Unidos de estos villanos de una vez por todas», además de anuncios sobre su gestión presidencial, sobre la guerra con Irán y sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Fondos para la frontera convertidos en publicidad política

La organización Common Cause presentó la demanda el 7 de octubre y sostuvo que el uso de dinero público para estos mensajes viola la Cláusula de Asignaciones de la Constitución, que reserva al Congreso la facultad de autorizar el gasto del Tesoro. También alegó una vulneración de la Cláusula de Protección Igualitaria de la Quinta Enmienda: «Estos anuncios políticos están destinados a ayudar a los republicanos y perjudicar a los demócratas en elecciones reñidas».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destinó 20 millones de dólares a la campaña, de los cuales ya se habían pagado 19 millones, con cargo al presupuesto de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En una declaración jurada, la alta funcionaria del DHS Holly Mehringer afirmó que el dinero procedía de fondos que el Congreso puso a disposición, entre otras cosas, para «conmemorar esfuerzos y eventos relacionados con la seguridad fronteriza». La prohibición de usar dinero apropiado con fines de «publicidad o propaganda» figura en los presupuestos federales desde 1951. El Comité Nacional Demócrata (DNC) presentó además su propia demanda contra la Administración.

Disculpa, congelamiento de pagos y presión bipartidista

El Departamento de Justicia reconoció el lunes el retraso: la jueza envió la orden por correo electrónico a las 18:46 del domingo, pero los abogados del Gobierno no la reenviaron a los abogados de la agencia hasta las 19:58, y estos no la vieron hasta la mañana siguiente.

«El abajo firmante se disculpa ante el Tribunal y ante los demandantes», escribió el Departamento de Justicia, que aseguró que el Gobierno ya cumple con la orden.

Según el Ejecutivo, la orden de compra de 20 millones de CBP ha quedado suspendida, los pagos futuros están congelados, la asignación presupuestaria de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) sigue en pausa y el proveedor externo recibió instrucciones de dejar de emitir los comerciales. Los demandantes no han pedido sanciones por desacato, sino una conferencia de estado para determinar si la Administración cumplió.

«Nos complace que el tribunal haya actuado con rapidez para evitar que más dinero de los contribuyentes se utilice en propaganda política tan manifiestamente ilegal», señalaron.

Las críticas llegaron desde ambos partidos. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, fue tajante: «No debería pagarse con dinero de los contribuyentes». Ante la reacción, Trump anunció en Truth Social que sufragaría los anuncios con fondos recaudados por MAGA Inc., un super PAC afín.

«La Izquierda Radical está molesta porque tomo Anuncios, que considero una promoción positiva para nuestra Gran U.S.A., y los pago con dinero de U.S.A.», escribió. «He decidido hacer los Anuncios Patrióticos, entre otros, y pagarlos yo mismo, y con dinero que recaudé para MAGA, Inc.»

El caso deja una pregunta incómoda sobre la capacidad real de los tribunales para frenar una campaña de comunicación ya contratada y distribuida: la orden existía, pero la parrilla siguió funcionando. La combinación de fondos apropiados para fines concretos, una estructura de compra opaca y una cadena de mando lenta muestra lo difícil que resulta desconectar un mensaje político cuando ya está pagado y programado. A partir de ahora, el litigio se centrará en si el retraso fue un error administrativo o un incumplimiento deliberado, y en qué ocurre con los casi 19 millones ya desembolsados. La respuesta no solo definirá el destino de esta campaña, sino también los límites de la publicidad gubernamental en el ciclo electoral estadounidense.