Una jueza frena a Trump: la EPA no puede archivar la demanda contra xAI

La ofensiva de la Administración Trump para desactivar por vía judicial las demandas por contaminación vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial acaba de chocar con un muro. La jueza del Distrito Norte de Misisipi Debra Brown rechazó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pueda cerrar por sí sola la demanda que la NAACP presentó contra xAI —rebautizada SpaceXAI tras su fusión con SpaceX— por operar turbinas de gas sin los permisos exigidos para alimentar sus centros de datos. La agencia federal podrá personarse en el procedimiento, pero no tiene llave para archivar el caso a voluntad.

• La EPA no puede vetar demandas ciudadanas: el tribunal distingue entre participar en un litigio y tener poder unilateral para terminarlo bajo la Ley de Aire Limpio.
• La planta bajo la lupa: 69 turbinas de gas en Southaven, Misisipi, capaces de emitir más de 5.000 toneladas anuales de óxidos de nitrógeno, además de partículas finas y formaldehído.
• Doble frente simultáneo: el mismo día, el Ayuntamiento de Memphis aprobaba una pausa de 135 días para nuevos centros de datos tras fracasar por empate una moratoria de 18 meses.

Intervenir sí, enterrar el caso no

El Departamento de Justicia solicitó entrar en el litigio en junio argumentando que la empresa se ocupa de «una cuestión de máxima seguridad nacional» y que la EPA, como principal ejecutora de la Ley de Aire Limpio, debía poder dar por concluida la demanda ciudadana. Brown desmontó esa lectura: en su orden señala que no existe «una interpretación “plausible” de la Ley de Aire Limpio que otorgue a Estados Unidos el derecho a desestimar unilateralmente una demanda ciudadana».

«El papel de la EPA como principal garante de la Ley de Aire Limpio no significa que el Gobierno federal conserve el control absoluto de todos los litigios derivados de esa norma. El Congreso quiso permitir que los particulares demanden incluso cuando los gobiernos federal y estatales, por la razón que sea, decidan no aplicarla».

La decisión llegó poco después de que el Quinto Circuito de Apelaciones denegara la petición del Gobierno de suspender el procedimiento. Abre’ Conner, directora de Justicia Ambiental y Climática de la NAACP, celebró el fallo: «Nuestro caso siempre ha consistido en exigir responsabilidades a los contaminadores y en asegurar que las entidades cumplan la ley. El tribunal dejó claro que la ley se aplica a todos, incluido el Gobierno federal».

Una planta de gas con cifras incómodas

La demanda, presentada en abril por la NAACP y su capítulo estatal, sostiene que la compañía de Elon Musk construyó y operó una instalación de generación eléctrica a gas en Southaven (Misisipi) sin los permisos necesarios. El inventario es notable: 69 turbinas que, según los demandantes, pueden emitir más de 5.000 toneladas de óxidos de nitrógeno al año —lo que la situaría entre las mayores fuentes de este contaminante formador de ozono del país—, más de 400 toneladas de partículas finas y más de 47 toneladas de formaldehído. La organización pide que se obligue a la empresa a emplear la mejor tecnología disponible de control y penalizaciones de hasta 124.426 dólares por día e infracción.

El origen del conflicto está en la calificación administrativa: el Departamento de Calidad Ambiental de Misisipi comunicó a la empresa que las turbinas, montadas sobre remolques y operativas hasta doce meses, eran «temporales» y «móviles», por lo que no requerían permisos de emisión. Recientemente autorizó prorrogar cinco meses más la actividad de algunos generadores ante el retraso de las turbinas permanentes, que sí cuentan con permiso.

«Nos complace que el tribunal haya calado en los argumentos profundamente defectuosos del Departamento de Justicia, que pretendían impedir que las comunidades exigieran responsabilidades a xAI por la contaminación que emite su planta ilegal», afirmó Patrick Anderson, abogado del Southern Environmental Law Center. Laura Thoms, directora de aplicación de la ley en Earthjustice, fue más dura: «La Administración Trump se ha esforzado por blindar a la empresa de Elon Musk y por negar a las comunidades locales su derecho a protegerse frente a la contaminación ilegal».

Memphis, el pulso de fondo

El fallo judicial se produjo el mismo día en que el Ayuntamiento de Memphis debatía frenar la expansión de estas instalaciones. La corporación rechazó una moratoria de 18 meses —empate a seis— y aprobó en su lugar una pausa de 135 días, presentada a última hora y sin apenas revisión pública. «Creo que esta noche hemos fallado a la ciudadanía de Memphis», lamentó la concejala Jerri Green, promotora de la congelación larga.

El diputado estatal Justin Pearson, expulsado semanas antes del recinto por protestar, vinculó la situación a los intereses del Greater Memphis Chamber of Commerce, que promociona la ciudad como «delta digital» para atraer grandes tecnológicas. Su hermano KeShaun Pearson, al frente de Memphis Communities Against Pollution, describió el impacto sanitario en un barrio históricamente negro: «Si nunca has corrido a una farmacia a por un inhalador para salvar la vida de un familiar, no sabes lo que es luchar por respirar». En Boxtown, contiguo a Colossus, el riesgo de cáncer asociado a la contaminación atmosférica cuadruplica la media nacional.

El contexto no es local: según una encuesta reciente del Pew Research Center, más de la mitad de los estadounidenses se siente incómoda con que se instale un centro de datos en su zona. El fallo no determina todavía si SpaceXAI vulneró la normativa ambiental; solo aclara quién puede decidir el futuro del pleito. Y esa respuesta, por ahora, no está en manos del Ejecutivo.