Ritchie Torres propone que comprar un videojuego otorgue propiedad y no una licencia

Ritchie Torres, congresista demócrata por el distrito 15 de Nueva York, ha anunciado la próxima presentación de la Power To The Players Act, una ley que obligaría a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a regular la venta de videojuegos digitales para que comprarlos equivalga a poseerlos, y no a disponer de una licencia revocable. El texto también exigiría que los juegos con funciones online incluyan un modo offline antes de que sus servidores sean apagados. El anuncio llega en plena transición de la industria hacia lo digital, con un malestar creciente entre los jugadores por títulos que dejan de funcionar pocos años después de salir al mercado.

• Objetivo: que la FTC regule la propiedad de los juegos comprados y frene las prácticas que permiten revocar el acceso.
• Modo offline obligatorio: los títulos con servidores deberán conservar contenido jugable cuando termine el soporte online.
• Ejemplo central: NBA 2K25, que desaparecerá de las tiendas digitales y verá apagados sus servicios en línea.
• Barreras: el texto aún no se ha presentado formalmente y el margen regulatorio de la FTC se ha reducido tras el fin de la doctrina Chevron.

Una compra que se puede revocar

Según la descripción difundida por su oficina, la norma busca que comprar un videojuego otorgue al consumidor la propiedad del título en lugar de una licencia para jugarlo. Junto al derecho de propiedad, el texto menciona el derecho a jugar y a transferir los juegos adquiridos, un punto clave en un mercado donde las bibliotecas digitales siguen atadas a una cuenta y a los términos de servicio de cada plataforma.

«Los consumidores deben tener el derecho de poseer, el derecho de jugar y el derecho de transferir los juegos que compran. Un juego que puede ser arrebatado en el momento en que una empresa tira del enchufe no es una compra. Es un alquiler disfrazado de venta».

Torres ha resumido el principio con una frase directa: «Si pagas por él, es tuyo». También describió la medida como una «restauración de la norma histórica» de las décadas de 1980, 1990 y 2000, cuando un cartucho o un disco comprado seguía siendo jugable sin depender de los servidores del editor. Según el congresista, un marco exitoso para los videojuegos podría servir de plantilla para películas, música y libros digitales, categorías que la propuesta actual no cubre.

El caso de NBA 2K25 y el avance del formato digital

El anuncio cita NBA 2K25 como ejemplo del problema. El juego está programado para desaparecer de las tiendas digitales el 30 de octubre de 2026, y sus servicios online —MyCAREER, MyTEAM, multijugador, ligas en línea y las funciones vinculadas a la moneda virtual— cesarán el 1 de enero de 2027. Los modos offline, como Play Now y MyNBA, seguirían disponibles para quienes ya lo poseen, pero las secciones más ligadas al progreso del jugador se esfumarían para quien pagó el precio completo.

El contexto empuja en la misma dirección. Sony pondrá fin a la producción de discos físicos en 2028 y GTA 6 no tendrá edición física en su lanzamiento de noviembre. En PC el problema es más antiguo: el movimiento Stop Killing Games, con Ross Scott y Moritz Katzner al frente, ha llevado el debate al Parlamento Europeo y señala a The Crew, el juego de carreras de Ubisoft que dejó de funcionar en 2024. La causa ya tiene eco legislativo: el senador estatal de Pensilvania John Kane presentó la Protect Our Games Act, que exige modo offline, servidores comunitarios o un reembolso mínimo del 25 %.

Un camino lleno de obstáculos

La Power To The Players Act todavía no se ha introducido formalmente en el Congreso y no tiene copatrocinadores confirmados. Cualquier texto debería superar el trámite en comisión antes de una votación, y la oposición de las grandes editoras es plausible por el alcance de los cambios, que tocarían la operación de servidores, las estructuras de licenciamiento y el soporte posterior al cierre.

El terreno legal añade incertidumbre. Tras la decisión del Tribunal Supremo en 2024 que puso fin a la deferencia Chevron, agencias como la FTC tienen menos margen para interpretar una legislación ambigua; un juez ya bloqueó su prohibición de las cláusulas de no competencia. Además, los abogados de Sony sostienen en una demanda colectiva que pulsar «comprar» no lleva al consumidor a creer que adquiere un derecho duradero en lugar de una licencia revocable. En California, una iniciativa estatal similar murió en comisión en junio.

El valor de la propuesta está, por ahora, más en el diagnóstico que en la solución. La industria ha convertido la compra digital en un alquiler de duración indeterminada y ha trasladado al usuario el riesgo de que un servidor se apague; que un legislador federal ponga ese modelo bajo la lupa obliga a las editoras a precisar qué venden realmente. Si el texto se presenta y sobrevive a los tribunales, la «propiedad» que hoy se da por sentada podría pasar de expectativa del jugador a obligación legal. Si muere en comisión, la presión seguirá llegando de campañas ciudadanas y leyes estatales, y la brecha entre lo que se paga y lo que se conserva no hará más que ampliarse.