El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cancelar los planes del Pentágono de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, condenado por la masacre de Fort Hood de 2009. La medida llega tras una oleada de rechazo que atravesó las líneas partidistas y transformó un caso de justicia militar en un debate nacional sobre la exposición pública de una condena a muerte.
La ejecución, en cambio, sigue en pie: Hasan será fusilado el 3 de diciembre, en la que será la primera ejecución militar de Estados Unidos en más de seis décadas. Lo descartado es únicamente su emisión pública.
- Se cancela la emisión, no la condena: Hasan morirá el 3 de diciembre por fusilamiento, pero el evento no se retransmitirá.
- Rechazo transversal: ocho de cada diez estadounidenses se oponían al directo, incluida una mayoría del 55 % entre los republicanos afines a MAGA.
- La iniciativa no era de Trump: el plan de emitir la ejecución partió del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y sorprendió al propio presidente.
Una idea que nadie esperaba en la Casa Blanca
Según fuentes próximas al presidente, Trump fue sorprendido la semana pasada cuando Pete Hegseth anunció que el fusilamiento se retransmitiría. El propio secretario de Defensa había defendido la medida argumentando que “la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen consecuencias serias”. La propuesta, sin embargo, no había sido coordinada: también pilló por sorpresa a altos cargos de la Casa Blanca y del Ejército.
Trump, que en un principio vio con buenos ojos la idea, cambió de opinión al conocer mejor el caso, incluido el hecho de que Hasan quedó paralizado tras recibir un disparo de las fuerzas de seguridad durante el ataque. En su anuncio, el presidente defendió que emitir la ejecución “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio” para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a los terroristas, pero reconoció que “muchas personas muy buenas y bienintencionadas preferirían no verle morir”.
“Morirá, según lo previsto, por fusilamiento, pero este evento no se retransmitirá.”
Un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que Hegseth habló con el presidente antes del anuncio y que ambos están “completamente alineados”. Las familias directas de las víctimas podrán seguir presenciando la ejecución en persona, si así lo desean.
Del rechazo bipartidista a la condena internacional
La reacción fue inmediata y transversal. Naciones Unidas calificó los planes de “abominables”, y su oficina de derechos humanos advirtió de que retransmitir la muerte equivaldría a una ejecución pública. También se pronunció el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que tildó la decisión de “bárbara promoción de una cultura de la muerte”.
En el frente político, el vicepresidente JD Vance sembró dudas desde el principio: “No sé si eso va a ocurrir realmente”, dijo, y añadió que, si se emitía, él no lo vería. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió de que un vídeo de la ejecución podría convertirse en una herramienta de reclutamiento para futuros terroristas. La demócrata Yassamin Ansari denunció que se trataba de un comportamiento propio de “dictaduras brutales como Irán y Afganistán”, mientras que la senadora republicana Lisa Murkowski subrayó que “no hay necesidad de retransmitir ninguna ejecución”.
Un precedente militar que no se veía desde hace décadas
Hasan, antiguo psiquiatra del Ejército, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en un edificio médico de Fort Hood, en Texas, donde los soldados esperaban reconocimientos y vacunas. Mató a 13 personas e hirió a otras 32. En su consejo de guerra de 2013 admitió ser el autor y dijo que creía estar protegiendo a los musulmanes y a los talibanes en Afganistán. Fue condenado a muerte ese mismo año.
El contexto histórico es excepcional: la última ejecución militar estadounidense se produjo en 1961, cuando se ahorcó al soldado John Bennett, y el último fusilamiento militar data de 1945, con la muerte del soldado Eddie Slovik tras ser condenado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial. La legislación militar exige que toda ejecución sea aprobada por el presidente y pase por una revisión de apelación. El abogado de Hasan, John Galligan, calificó la cancelación de “ninguna sorpresa” y sostuvo que la propuesta inicial “violaba el propio reglamento del Ejército”.
Más allá de la anécdota, el caso evidencia la dificultad de gobernar por impulso en materia de seguridad y justicia militar. El Pentágono tendrá que reconstruir ahora los protocolos de un procedimiento que no se ejecutaba desde hacía más de 60 años, mientras la sombra de la propuesta fallida seguirá pesando sobre la credibilidad institucional del Departamento de Defensa y sobre el debate —cada vez más digital— acerca de qué crímenes deben convertirse en espectáculo público.
Fuentes y referencias