Un pequeño empresario de Georgia ha demandado a Flock Safety y a la Oficina del Sheriff del condado de Coweta por una presunta represalia ejecutada con cámaras de lectura automática de matrículas (ALPR). La demanda federal, presentada el 8 de octubre de 2026 en el Distrito Norte de Georgia, sostiene que empleados del sheriff consultaron los registros vinculados a la matrícula del demandante mientras este litigaba contra ese mismo departamento.
- Cinco consultas en 197 días: los abogados de Tyler Murkerson afirman que los registros de auditoría muestran cinco búsquedas de su Toyota Camry 2024 entre mayo y noviembre de 2025, cada una con alcance a más de 6.000 redes de cámaras de agencias en todo el país.
- Motivos sin expediente: dos búsquedas se atribuyen a las cuentas «r.fau» y «w.fau», vinculadas en la denuncia a Randall Faulkner y William Faulkner, con las justificaciones «info» y «37».
- Nuevas barreras: Flock anunció códigos de caso obligatorios, herramientas de detección de abuso y una retención de datos reducida de 30 a siete días.
De una multa de cinturón a una acusación de vigilancia
El conflicto arranca el 6 de febrero de 2023 en una gasolinera del condado de Coweta. Según la demanda, los agentes lo obligaron a tumbarse en el suelo, le aplicaron una pistola eléctrica y lo arrestaron por una presunta infracción de la ley del cinturón que, según sus abogados, no se aplicaba porque el encuentro ocurrió en propiedad privada. Los cargos penales se desestimaron el 26 de junio de 2023.
En septiembre de 2024, Murkerson demandó al sheriff Lenn Wood y a dos agentes por uso excesivo de la fuerza y violaciones de sus derechos constitucionales; el caso se resolvió y se cerró en 2026 sin que se hayan divulgado los términos. La nueva demanda, que también señala a Flock Group, al condado de Coweta y a tres acusados sin identificar, alega que el rastreo fue una represalia mientras el pleito anterior seguía abierto.
La denuncia también sostiene, «según información y creencia», que el vehículo pudo ser incluido en una lista de alertas que avisa cuando una cámara lo detecta, algo que no se ha confirmado de forma independiente. Murkerson dice que notó una presencia policial inusual cerca de su casa, su negocio y sus rutas habituales, y que descubrió las consultas a través de HaveIBeenFlocked.com, un sitio que publica información obtenida mediante solicitudes de acceso a registros públicos.
El campo de texto libre y las salvaguardas de Flock
«Creemos que este es el primer caso que alega un ánimo retaliatorio real destinado a castigar a alguien por defender sus propios derechos constitucionales usando cámaras de Flock para vigilarlo ilegalmente, invadir su privacidad y acosarlo en clara violación de la ley».
La afirmación procede de Christopher B. Hall, cofundador y socio de Hall & Lampros, el despacho que representa a Murkerson, y no ha sido verificada de forma independiente. Ese despacho sostiene que Flock no implantó salvaguardas para impedir la vigilancia ilegal al aceptar entradas de texto libre en lugar de números de caso o investigaciones concretas.
La compañía defiende que las búsquedas quedan registradas y asociadas a cuentas de usuario, y que los agentes que abusen del sistema deben ser investigados. En agosto anunció que exigirá códigos de caso y su sistema de asistencia de auditoría antes de que termine 2026, con suspensión automática del acceso ante actividad sospechosa; las búsquedas de emergencia podrían saltarse el código, pero quedarían marcadas para revisión. La denuncia responde que esos controles podrían haber existido antes de que se consultara su matrícula.
El contexto dimensiona el caso: la red opera alrededor de 120.000 cámaras con inteligencia artificial en 49 estados y da servicio a más de 4.800 agencias. Una encuesta difundida este mes de octubre señala que el 47 % de los estadounidenses se opone a estas cámaras en sus comunidades, frente al 38 % que las respalda. Una auditoría interna del condado de Coweta marcó cuentas de empleados y tres trabajadores dimitieron antes de que concluyeran la auditoría y cualquier investigación formal; el caso se remitió a la Oficina de Investigación de Georgia, sin que se haya confirmado si esos empleados están vinculados a las búsquedas descritas en la demanda.
Qué empiezan a preguntarse los tribunales
Una reciente decisión en Oklahoma aporta una señal relevante: un juez federal suprimió pruebas tras concluir que una búsqueda sin orden judicial de aproximadamente un mes de registros históricos de matrículas violó la Cuarta Enmienda según los hechos concretos de ese caso. El fallo no declara inconstitucional toda búsqueda de Flock ni tiene fuerza vinculante fuera de su jurisdicción, pero sugiere que los tribunales empiezan a tratar el rastreo histórico a gran escala como algo más serio que una simple consulta de registros públicos.
El caso de Georgia añade una pregunta que Oklahoma no tuvo que responder: si emplear infraestructura de vigilancia para controlar a alguien inmerso en un litigio contra la misma agencia que ejecuta esas búsquedas constituye represalia. Ni se ha aprobado la certificación como acción colectiva ni se ha declarado responsable a ningún demandado.
Más allá del resultado, el expediente expone la tensión de fondo del reconocimiento automatizado de matrículas: reconstruir los movimientos de una persona en todo un país es exactamente el producto que se vende a las policías y, a la vez, el riesgo que ninguna auditoría neutraliza por sí sola. Si los códigos de caso obligatorios y los límites de retención se aplican con rigor, el estándar del sector subirá; si siguen llegando después de las denuncias, la confianza pública se convertirá en el principal pasivo de esta tecnología.